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Diputado exige claridad sobre pagos a sindicatos portuarios en Azua

Beltré aseguró que de los 21 sindicatos portuarios que existen en Azua, solo cinco están registrados en la caja de pensiones, mientras que el resto son "sindicatos fantasmas" que operan bajo una presunta red de corrupción.

El diputado por la provincia de Azua del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Julio César Beltré (César), alzó la voz esta semana en el Congreso Nacional para denunciar una grave situación que afecta a más de 3,000 trabajadores portuarios de esa ciudad. Según el congresista, estos trabajadores han sido excluidos del listado para el cobro de su bono navideño, lo que ha generado incertidumbre y descontento entre los afectados.

Durante su intervención, Beltré instó al director de Portuaria, Jean Luís Rodríguez, y al ministro de Trabajo, Luís Miguel De Camps, a ofrecer explicaciones claras sobre la problemática. Además, pidió al presidente Luis Abinader ordenar una investigación inmediata para esclarecer las irregularidades.

Beltré aseguró que de los 21 sindicatos portuarios que existen en Azua, solo cinco están registrados en la caja de pensiones, mientras que el resto son «sindicatos fantasmas» que operan bajo una presunta red de corrupción. El diputado también señaló que, a diferencia del año pasado, cuando el Gobierno pagó los bonos navideños sin inconvenientes a través del Banco de Reservas, este año el listado ha sido alterado para beneficiar a familiares de algunos directivos sindicales.

«De no resolverse esta situación, se generará un caos, ya que los sindicalistas no se quedarán de brazos cruzados», advirtió el legislador.

El también abogado subrayó que la exclusión de los trabajadores de su derecho al bono navideño constituye una violación a la Ley 199-02, a la Constitución de la República, al Código de Trabajo y al Código Penal. Por ello, instó a las autoridades a revisar los listados recientes y garantizar que los pagos se efectúen conforme a la normativa vigente.

Beltré finalizó su intervención con un llamado a la transparencia y a la justicia, recordando que el Gobierno tiene la responsabilidad de proteger los derechos de los trabajadores y evitar conflictos sociales que puedan derivar de esta situación.

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