El exministro de Transporte de España, José Luis Ábalos, enfrenta serias acusaciones relacionadas con la creación de 14 empresas en la República Dominicana. Según el medio español The Objective, estas compañías habrían sido utilizadas para el presunto blanqueo de dinero proveniente de comisiones generadas durante la pandemia por contratos de material sanitario.
Víctor de Aldama, señalado como pieza clave en el caso de corrupción, declaró ante el juez Ismael Moreno sobre estas operaciones. Según lo expuesto, República Dominicana habría servido como un paraíso fiscal donde se manejaban fondos ilícitos sin levantar sospechas, disfrutando a la vez de un estilo de vida lujoso en hoteles exclusivos y playas paradisiacas.
Las 14 empresas, creadas entre marzo de 2021 y agosto de 2022, se centraban en actividades diversas como distribución de material médico, construcción y transacciones inmobiliarias. Entre estas figuran Megalab, Pronalab, Eurofins Histolog y GSI Dominicana, algunas registradas en solares vacíos o edificios en ruinas.
De acuerdo con el reporte, Aldama, junto con César Moreno e Ignacio Díaz Tapia, gestionaba estas sociedades. Pronalab, por ejemplo, estaba dirigida en colaboración con Jorge Brizuela, señalado como espía del régimen venezolano. Asimismo, Díaz Tapia aparece como miembro de Reusa y Modular HV Corp, aunque estas compañías carecen de actividad significativa o infraestructura adecuada.
Moreno y Díaz Tapia también están implicados en contratos de mascarillas y pruebas PCR adjudicados en las Islas Canarias. Díaz tenía conocimiento de gestiones directas entre altos funcionarios de España y autoridades canarias para favorecer a Megalab Eurofins en licitaciones.
Bernardo Castillo y las pruebas Covid en Punta Cana
Otro nombre clave en el caso es Bernardo Castillo Pérez, presunto asesor del Ministerio de Transporte bajo la gestión de Ábalos. Castillo estaría vinculado a otras seis empresas en República Dominicana y habría actuado como intermediario en negocios relacionados con pruebas Covid en hoteles de Punta Cana. Estas gestiones habrían contado con el respaldo de figuras internacionales como el secretario general de la OMT, Zurab Pololikashvili.
El alcance de estas operaciones sigue bajo investigación, pero las revelaciones indican una trama compleja que vincula a altos funcionarios, empresarios y sociedades ficticias en un esquema transnacional.
