República Dominicana. El Ministerio Público solicitó este lunes 18 meses de prisión preventiva para los implicados en la red criminal desmantelada mediante la Operación Pandora, integrada por agentes de la Policía Nacional y acusada de sustraer al menos 900 mil proyectiles de la institución. Además, pidió que el caso sea declarado complejo, debido a la gravedad de los hechos.
Detalles de la acusación
La solicitud de medidas coercitivas fue presentada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, encabezada por Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca). El expediente cuenta con 213 páginas y 135 pruebas, y se dirige contra diez personas físicas y una empresa vinculada a los imputados.
“Este es un caso sumamente grave que compromete la seguridad dentro de la República Dominicana”, expresó Camacho, agradeciendo al director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, por su colaboración en la investigación.
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Modus operandi de la red
El Ministerio Público detalló que las municiones fueron sustraídas de la Intendencia de Armas de la Policía Nacional y posteriormente vendidas. Las investigaciones continúan para rastrear los puntos de venta y potenciales compradores.
Entre los arrestados se encuentran:
- Narciso Antonio Féliz Romero, coronel encargado de la custodia de armas y municiones.
- Juan Miguel Pérez Soler, subintendente de Armas.
- Nelson Valdez, capitán responsable del Depósito de Armas.
- Víctor Manuel Santos, capitán y auditor que presuntamente alteró auditorías para encubrir los desfalcos.
- Otros miembros, como el segundo teniente Marino Antonio Rodríguez Toribio, el sargento mayor Miguel Ángel Gómez Espaillat, el cabo Juan Luis Díaz Medina, los rasos Rubiel Martínez (alias Escobar) y Moreibin Medina Pérez, y la civil Miguelina Bello Segura.
Pruebas y operativos
La Operación Pandora, que inició en octubre pasado, involucró a más de 200 agentes y 40 fiscales, con allanamientos en el Distrito Nacional, Santo Domingo, Santiago, Sánchez Ramírez y Pedernales. Las autoridades incautaron armas, municiones, dispositivos electrónicos, evidencias económicas y testimoniales que consolidan un caso sólido contra los acusados.
