SANTO DOMINGO. – La renovación de licencias de conducir para personas mayores de 65 años ha desatado un fuerte debate en el país, luego de que Diario Libre publicara una denuncia sobre el costo y la vigencia de estas licencias. Según la normativa actual, los mayores de 65 años deben renovar su licencia cada dos años, en contraste con los cuatro años aplicables a conductores más jóvenes, pero el costo de renovación se mantiene igual para ambos periodos.
Esta disposición, establecida en el artículo 21 del Decreto 6-19 que regula las licencias de conducir, fue defendida por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) bajo el argumento de que esta medida es parte de una política de seguridad vial.
Según el Intrant, los plazos más cortos en la renovación de licencias para adultos mayores responden a la necesidad de evaluar los cambios físicos y cognitivos que afectan la conducción con la edad.
Sin embargo, el Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, se pronunció enérgicamente en contra de esta medida, calificándola como un acto de discriminación y una vulneración al derecho a la igualdad consagrado en la Constitución de la República Dominicana.
Ulloa dirigió una carta oficial al director del Intrant, Milton Morrison, en la cual solicitó un informe detallado y fundamentado de las bases legales que justifican la tarifa de renovación y el periodo de vigencia diferenciados para mayores de 65 años.
Ulloa otorgó un plazo de 15 días al Intrant para responder y advirtió que, de no obtener una explicación satisfactoria, el caso podría ser remitido al Ministerio Público para una investigación más exhaustiva.
«No es racional ni constitucional que a una persona se le discrimine por su edad y tenga que pagar por un servicio cuya vigencia es inferior a la regular solo debido a su edad«, declaró Ulloa en su mensaje al Intrant. «Si se requiere un trato diferente por razones justificadas y razonables, este debe estar respaldado con los criterios ya fijados por el Tribunal Constitucional», añadió, refiriéndose a sentencias previas del tribunal que ratifican el principio de igualdad y no discriminación por edad.
Caso de Daniel Santana y denuncia de usuarios
El caso de Daniel Santana, un conductor de más de 65 años, fue uno de los ejemplos destacados por Ulloa en su carta. Santana acudió a la Defensoría del Pueblo después de pagar RD$3,800 por la renovación de su licencia, la cual le fue otorgada con una vigencia de solo dos años. «En el Intrant me privaron de mi derecho. Me cobraron 3,800 pesos por renovar mi licencia de conducir y solo me dieron dos años», declaró Santana, quien incluyó una fotografía de su carnet como prueba.
Este tipo de denuncias ha cobrado relevancia en redes sociales y medios de comunicación, donde otros conductores han manifestado su inconformidad con la medida y su impacto económico para quienes necesitan renovar la licencia cada dos años, con el mismo costo que aquellos que renuevan por cuatro.
Milton Morrison, director del Intrant, respondió a las inquietudes, señalando que la institución considera válida la preocupación de algunos sectores de la sociedad sobre el costo y la vigencia de las licencias para mayores de 65 años.
Sin embargo, Morrison recordó que los plazos y las tarifas actuales están en consonancia con el reglamento de licencias de conducir y que obedecen a criterios de seguridad vial.
Aun así, Morrison expresó que el Intrant evaluará las quejas y presentará el caso ante el Consejo de Dirección del Intrant (Coditrant), el cual tiene la facultad de aprobar las tasas y tarifas conforme a la normativa vigente. El director también se comprometió a revisar la propuesta de actualización de tarifas para servicios futuros, considerando los reclamos y las posibles necesidades de ajuste en este segmento.
Exigencia de igualdad y próximos pasos
El Defensor del Pueblo insistió en que la aplicación de tarifas diferenciadas según la edad constituye un acto discriminatorio si no está debidamente justificado por el legislador, y no por la autoridad administrativa. En este sentido, Ulloa solicitó que el Intrant informe sobre las acciones que tomará para asegurar el cumplimiento del artículo 39 de la Constitución, que garantiza el derecho a la igualdad, y de las sentencias TC/0033/12 y TC/0277/23 del Tribunal Constitucional que protegen contra la discriminación.
Fuente: Diario Libre
