De acuerdo con la solicitud presentada por la procuradora fiscal Topacio Suero Sierra, adscrita al Departamento de Crímenes y Delitos contra la Persona (Homicidios) de la Fiscalía del Distrito Nacional, el hecho ocurrió aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cuando el imputado Yeudi Miguel Hernández Rodríguez (Yeo) dio muerte a Yeuri Rodríguez Batista.
El expediente establece que, mientras la víctima se encontraba junto a otra persona en las inmediaciones de la calle Mella, en San Carlos, el imputado, que se desplazaba en una motocicleta Boxer, de color negro, se acercó y, portando un arma de fuego, le exigió que entregara la cadena que llevaba puesta.
Luego de que Rodríguez Batista le entregara la prenda, se registró un forcejeo en medio del cual el procesado le propinó varios disparos, ocasionándole las heridas que, posteriormente, le causaron la muerte.
Tras cometer el hecho, el individuo emprendió la huida a bordo de la motocicleta. Las autoridades establecieron que el atacante se desplazó desde San Carlos hasta la zona Oriental y, posteriormente, hacia la provincia María Trinidad Sánchez.
Pesquisas y recuperación de evidencias
Como parte de la investigación, los agentes de la Dirección Central de Investigaciones Criminales (Dicrim) obtuvieron información que permitieron establecer que la motocicleta utilizada en el hecho había sido trasladada hasta la sección Payita, del distrito municipal Arroyo Salado, del municipio de Cabrera, provincia María Trinidad Sánchez, donde fue recuperada.
En el transcurso de las pesquisas en esa misma provincia las autoridades también encontraron enterrada en el municipio de Nagua el arma de fuego utilizada para cometer el crimen, una pistola marca Glock, modelo 19, calibre 9 milímetros, con dos cargadores.
El imputado Hernández Rodríguez fue arrestado el 5 de agosto de 2026, en virtud de una orden judicial emitida por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
El Ministerio Público ha otorgado al proceso la calificación jurídica provisional de violación a los artículos 265, 266, 296, 297, 379 y 382 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 66, párrafo II, y 67 de la Ley núm. 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
La jueza Fátima Veloz, del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso la medida de coerción y fijó la revisión obligatoria para el 5 de noviembre de 2026.
Por su vinculación al caso también es perseguido otro hombre que se encuentra prófugo.
