España.- Diez monjas españolas, excomulgadas tras separarse voluntariamente de la Iglesia católica, han anunciado su desvinculación del falso obispo Pablo de Rojas, a quien inicialmente habían reconocido como su autoridad. Las exmonjas, que fueron excomulgadas por el Arzobispado de Burgos, ahora afirman que «caminan libres y solas en defensa de la fe católica» y solo reconocen la autoridad de los tribunales de Justicia.
En un comunicado emitido por sus abogados y enviado a EFE, las exreligiosas explicaron que Pablo de Rojas, excomulgado en 2019, y su portavoz, José Ceacero, abandonaron el lunes el monasterio de Belorado, donde ellas residen. Aseguran que no hubo expulsión forzada, sino que ambos se marcharon voluntariamente tras ser informados de que debían dejar el convento.
La nota, firmada por las exmonjas, responde también a las declaraciones recientes del arzobispo de Burgos, Mario Iceta, y subraya que la titularidad del monasterio y su actividad dentro del mismo son «una cuestión puramente jurídica», sin dependencia de la autoridad eclesiástica. Iceta, comisario pontificio en este caso, advirtió que el arzobispado emprenderá acciones legales si las antiguas clarisas no abandonan el monasterio voluntariamente, dándoles un plazo prudencial no especificado.
Excomulgan diez monjas Españolas tras conflicto con el Vaticano
Según las exmonjas, el monasterio está inscrito en el Registro de la Propiedad en virtud de un documento de 1969 que otorga el pleno dominio a la Comunidad de Religiosas Clarisas de Belorado, sin condiciones adicionales. Por lo tanto, consideran que la cuestión debe resolverse en los tribunales.
Además, solicitan al arzobispo negociar una solución extrajudicial a través de una comisión de abogados propuesta por ellas, para evitar la judicialización del conflicto. El conflicto se originó por la negativa de las autoridades eclesiásticas a que las monjas vendieran un convento vacío que poseen, para financiar la compra de otro monasterio. Las exmonjas rechazan las acusaciones de estar involucradas en una «supuesta trama inmobiliaria», calificándolas de «ridículas».
