Arizona ha dado un giro significativo en su política migratoria al aprobar la propuesta 314, que convierte en delito estatal el cruce irregular de la frontera desde México fuera de un puerto de entrada autorizado.
Hasta ahora, esta violación estaba bajo la jurisdicción exclusiva de autoridades federales, lo que limitaba la participación de agentes estatales y locales en la aplicación de leyes migratorias.
Con esta medida, la policía estatal y local tendrá la facultad de arrestar a personas que ingresen de manera irregular, ampliando su papel en el control de la inmigración.
Además, la propuesta otorga a jueces estatales la capacidad de ordenar deportaciones, una atribución que anteriormente pertenecía exclusivamente a los tribunales federales de inmigración.
