Washington, D.C. – Un juez federal de Texas declaró ilegal el programa «Keeping Families Together» del presidente Joe Biden, que permitía a inmigrantes sin estatus legal casados con ciudadanos estadounidenses iniciar sus trámites de residencia sin salir del país. La resolución emitida este jueves por el juez J. Campbell Barker argumenta que la administración Biden «carece de autoridad legal» para implementar el programa, conocido como «parole in place«, un fuerte revés para la política migratoria del mandatario demócrata, que dejará el cargo en enero de 2025.
Este programa, lanzado en junio, tenía como objetivo beneficiar a aproximadamente medio millón de inmigrantes y evitar la separación de familias. Sin embargo, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, junto a otros colegas republicanos, demandó al Departamento de Seguridad Nacional por aplicar esta medida, argumentando que «recompensa a quienes violaron las leyes».
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La orden judicial también afecta a unos 50,000 hijastros de ciudadanos estadounidenses y permite a los beneficiarios trabajar y permanecer en el país hasta por tres años mientras gestionan su «green card». Previamente, los solicitantes debían realizar el trámite desde el extranjero, un proceso que suele prolongarse y separar a las familias durante años.
La decisión llega en un contexto de creciente preocupación para la comunidad migrante tras las recientes amenazas del presidente electo, Donald Trump, de realizar «deportaciones masivas» y endurecer las políticas migratorias. Trump, quien venció en las elecciones a Kamala Harris, ha asegurado que Estados Unidos enfrenta una «invasión» y ha prometido tomar medidas drásticas contra los migrantes irregulares.
El juez Barker, designado por Trump durante su primer mandato, ya había bloqueado temporalmente el programa en agosto, aunque una apelación lo reactivó hasta el fallo final de este jueves. Aún existe la posibilidad de una nueva apelación por parte de la administración Biden.
Reacciones al fallo y el impacto en la comunidad migrante
Harold A. Solís, representante de la organización Make The Road New York, calificó la decisión como «profundamente decepcionante e injusta» para las familias migrantes, y aseguró que «seguiremos apoyando la unidad familiar a pesar de esta peligrosa decisión».
