Quito, (EFE).- Aunque la crisis de inseguridad se arrastra desde hace casi tres años, Ecuador tocó fondo en 2023 y terminará con una tasa de muertes violentas superior a los 40 por cada 100.000 habitantes, lo que lo ubica como el país más violento de América Latina.
Y es que en Ecuador casi cada hora muere una persona en un contexto de violencia criminal, con un volumen de 7.497 muertes violentas en el año, sólo hasta el pasado 17 de diciembre.
Por ello, es muy probable que Ecuador termine este año con una tasa de entre 40 y 42 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que ubicaría al otrora país de paz como el más inseguro y violento de toda América Latina, según comentó a Efe la especialista en temas de seguridad Carolina Andrade.
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De hecho, en el sector de Nueva Prosperina, un barrio del sur de Guayaquil, la capital de la provincia costera de Guayas, la tasa llega a 114 por cada 100.000 habitantes, uno de los índices más altos del planeta.
Asesinatos políticos y masacres en las cárceles
El asesinato a manos de sicarios en agosto pasado del entonces candidato a la Presidencia Fernando Villavicencio -cuando salía de un mitin en Quito-, así como el de Agustín Intriago, alcalde de Manta, en julio, son dos de los casos que más han resonado y conmovido al país por los alcances políticos.
Pero también han generado angustia las masacres en las cárceles, por disputas crueles entre bandas de delincuentes que pugnan por el control de los centros penitenciarios o de tiroteos en zonas populares donde actúan mafias del ‘microtráfico’ o el asesinato ‘por error’ de niños que dormían en su casa en un barrio pobre de Guayaquil.
Y como colofón, sólo basta ver titulares como el del diario El Universo de este 30 de diciembre, cuando destacó la “noche de terror” que vivió la víspera la ciudad de Esmeraldas, la capital de la provincia costera del mismo nombre y en la frontera con Colombia, donde hubo “vehículos incinerados” y varios tiroteos.
Crisis económica y narcotráfico
El aumento de la violencia también obedece al contexto de crisis económica que soportó el país con la Presidencia del conservador Guillermo Lasso, quien gobernó entre agosto de 2021 y noviembre de 2023, casi la mitad de su periodo recortado por él mismo para evitar su censura en el Parlamento por un caso de supuesta corrupción.
Durante su periodo se denunciaron presuntos vínculos de la mafia con altas autoridades policiales y militares, en lo que se llamó como el caso de los ‘narcogenerales’ y cuyo apelativo surgió de la propia Embajada de Estados Unidos en Quito.
Según Andrade, el narcotráfico es el principal detonante para la explosión de inseguridad en el país, con sus tentáculos que no sólo sujetan a sectores de la población, sino a instituciones como el sistema financiero y al propio Estado.
Niños y jóvenes, los más afectados
La especialista consideró que, además, la crisis de inseguridad afecta, sobre todo, a la población infantil y juvenil, que es el blanco de reclutamiento de las grandes mafias.
El 40 % de población penitenciaria de Ecuador oscila entre los 18 y 29 años, y el 37,2 % de las mujeres que han sido encarceladas tiene entre 18 y 22 años de edad.
La mayoría de la población de las cárceles posee un nivel de instrucción escolar inferior a la educación básica y el 59 % de quienes han muerto en las recurrentes masacres que se han producido en las prisiones son jóvenes.
La enorme deserción escolar en el país y la alta emigración son otros factores que vuelven vulnerables a la población infantil en el entorno del auge de la criminalidad, agregó Andrade.
Llamado al nuevo Gobierno
Por ello pidió al presidente Noboa que realice la asignación de equipamiento y recursos a la Policía para la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, una tarea vital que dejó sin resolver Lasso.
“El nuevo Gobierno tiene que tomar medidas urgentes para revertir esta situación, porque la delincuencia no respeta edades, ni estratos sociales, ni zonas geográficas”, concluyó Andrade.
