Santo Domingo.– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Milton Morrison, defendió este miércoles el préstamo aprobado con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para fortalecer la seguridad vial y exhortó a los diputados que lo han cuestionado a documentarse antes de emitir críticas.
El funcionario afirmó que parte de los legisladores desconoce el alcance del financiamiento y aclaró que los recursos no estarán destinados exclusivamente al INTRANT.
“Ese dinero no es para el Intrant. Algunos diputados tienen que leer más las cosas para edificar. De esos 200 millones, hay 150 millones que son para Obras Públicas, 15 millones van para el tema de los entornos escolares y 35 millones para el fortalecimiento del Intrant. Pero al final ese dinero se va a utilizar para salvar vidas”, expresó.
Morrison explicó que el objetivo principal del préstamo es reducir las muertes por accidentes de tránsito, al recordar que la República Dominicana figura entre los países con mayores índices de mortalidad vial.
Asimismo, sostuvo que quienes cuestionan la iniciativa deben conocer primero el contenido del proyecto.
“Su rol es leer las leyes y documentarse”, manifestó al referirse a los legisladores.
Continúan operativos contra vehículos pesados
El director del INTRANT informó además que continúa la aplicación de la resolución que restringe la circulación de vehículos pesados en horario diurno en el Gran Santo Domingo, mediante operativos conjuntos con la Dirección de Transporte de Cargas y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett).
Indicó que, pese a las fiscalizaciones, algunos transportistas reinciden en las infracciones, aunque aseguró que los controles seguirán ejecutándose.
“La resolución la hemos estado implementando junto con la Digesett. Es un tema constante porque los transportistas y camioneros vuelven y cometen la infracción, pero estamos trabajando en eso”, señaló.
Morrison también destacó entre los principales logros de su gestión la regulación de los cascos para motociclistas, medida que impide la importación y comercialización de equipos que no cumplen con los estándares de seguridad establecidos.
