El caso Senasa 2.0-A obliga a mirar más allá de los nombres, los allanamientos y las cifras que dominan los titulares.
El Ministerio Público ha solicitado 18 meses de prisión preventiva contra 25 personas, entre médicos, exempleados de Senasa y particulares, a quienes atribuye participación en un presunto esquema de facturación de servicios médicos inexistentes, suplantación de identidades y otras maniobras dirigidas a obtener recursos de la aseguradora estatal. Las imputaciones todavía deberán ser discutidas ante los tribunales y todos los señalados conservan su presunción de inocencia.
Pero independientemente del desenlace judicial, existe una cuestión institucional que República Dominicana no debería ignorar: ¿qué controles fallaron para que miles de autorizaciones consideradas sospechosas pudieran tramitarse durante años?
La PEPCA sostiene que esta línea investigativa abarca 4,363 autorizaciones presuntamente fraudulentas, realizadas entre enero de 2021 y febrero de 2025, por un monto estimado en RD$41.1 millones.
La cifra económica importa. Pero hay otra dimensión que debería preocupar todavía más.
Detrás de una autorización médica existe una persona.
Un nombre.
Una cédula.
Un historial de salud.
Y una cobertura que debe estar disponible cuando verdaderamente se necesite.
Según el Ministerio Público, parte del mecanismo investigado habría utilizado información de afiliados para gestionar consultas y procedimientos que estos posteriormente dijeron no reconocer. La propia PEPCA ha señalado que este tipo de operaciones no solamente habría drenado recursos de Senasa, sino que podía afectar la cobertura disponible para los asegurados.
Ese punto cambia la dimensión del caso.
No estaríamos hablando únicamente de una eventual estafa contra una institución estatal. De probarse las imputaciones, también estaríamos ante una utilización indebida de la identidad sanitaria de ciudadanos que confiaron sus datos a un sistema público de salud.
La responsabilidad penal es individual y corresponde exclusivamente a los tribunales determinarla.
La responsabilidad institucional es diferente.
Senasa administra información extremadamente sensible y recursos destinados a garantizar atención médica a millones de afiliados. Por eso, cada autorización irregular que logre atravesar sus controles debe convertirse en una oportunidad para identificar dónde estuvo la vulnerabilidad y cómo impedir que vuelva a ocurrir.
No basta con detectar anomalías cuando la facturación ya se ha disparado.
Un sistema moderno debería ser capaz de generar alertas frente a comportamientos extraordinarios: procedimientos incompatibles con el perfil del paciente, aumentos repentinos de facturación, repetición inusual de intervenciones, autorizaciones consecutivas o patrones que estadísticamente se aparten de la práctica habitual.
Particularmente inquietantes son las inconsistencias descritas en el expediente, entre ellas reclamaciones que, según la acusación, llegaron a registrar consultas ginecológicas a afiliados masculinos.
Si esa clase de anomalía atravesó los controles existentes, la pregunta no debe limitarse a quién la introdujo. También corresponde determinar por qué el sistema no la detuvo antes.
El afiliado también necesita herramientas para vigilar su seguro
Este caso ofrece otra lección.
Los ciudadanos deberían disponer de mecanismos sencillos para consultar en tiempo real qué consultas, procedimientos, medicamentos y autorizaciones están siendo cargados a su seguro.
Y cuando aparezca un servicio desconocido, reportarlo debería ser tan sencillo como pulsar un botón.
Una notificación por teléfono después de una autorización —“Se ha registrado este procedimiento a su nombre”— podría convertir a millones de afiliados en una capa adicional de vigilancia contra el fraude.
La tecnología existe. Lo que hace falta es convertir la protección de los datos y del historial médico del ciudadano en una prioridad permanente.
No todos los médicos pueden cargar con esta acusación
También sería irresponsable transformar un expediente penal contra determinados profesionales en una condena colectiva contra el sector médico dominicano.
Miles de médicos trabajan diariamente bajo condiciones difíciles y cumplen correctamente sus responsabilidades.
Precisamente por ellos, por los pacientes y por la sostenibilidad financiera del sistema, las irregularidades deben investigarse hasta las últimas consecuencias, respetando simultáneamente el debido proceso de quienes están siendo acusados.
El país necesita conocer responsabilidades individuales, pero también necesita conocer las fallas institucionales que hicieron posible el mecanismo que describe el Ministerio Público.
Porque recuperar dinero eventualmente defraudado sería importante.
Evitar que vuelva a ocurrir sería todavía más importante.
Y después de Senasa 2.0-A, ningún afiliado debería tener que preguntarse si alguien está utilizando su nombre, su póliza y su historial médico sin que él lo sepa.
