Desde el año 2003, cada 9 de diciembre se celebra el Día Internacional contra la Corrupción, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) con el propósito de combatir y erradicar los actos de corrupción en todo el mundo. Este problema, que afecta tanto a países desarrollados como a naciones en vías de desarrollo, tiene un impacto devastador en la calidad de vida, la economía y la confianza en las instituciones.
Según datos de la ONU, anualmente se pierden aproximadamente 3,6 billones de dólares a nivel global debido a la corrupción, lo que representa el 5% del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. En los países en desarrollo, esta problemática es aún más grave, ya que el dinero perdido por corrupción es diez veces superior a los fondos destinados a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
La corrupción perpetúa ciclos de impunidad, criminalidad, bajo nivel educativo y desarrollo desigual, además de disuadir la inversión extranjera y limitar la creación de empleo.
El IPC mide la percepción sobre los niveles de corrupción en el sector público, evaluando del 0 (máxima corrupción) al 100 (mínima corrupción). En 2018, Dinamarca y Nueva Zelanda lideraron el ranking con 88 y 87 puntos respectivamente, mientras que Afganistán, Corea del Norte y Somalia se ubicaron en el extremo opuesto con apenas 8 puntos.
Campañas emblemáticas contra la corrupción
- 2021: «Tu derecho, tu desafío: dile no a la corrupción»
Esta campaña promovió la acción colectiva de ciudadanos, periodistas, funcionarios públicos y jóvenes, resaltando la responsabilidad compartida para proteger los derechos de todos y luchar contra la corrupción. - 2020: «Recuperación con integridad»
En medio de la pandemia de COVID-19, la ONU llamó a garantizar la transparencia en las decisiones gubernamentales y reforzar el control ciudadano para evitar que la crisis sanitaria y económica fuera aprovechada para actos corruptos.
El impacto de la corrupción
Más allá de las cifras, la corrupción afecta directamente a los ciudadanos al limitar el acceso a servicios básicos, perpetuar la inseguridad jurídica y alimentar un modelo de subdesarrollo que impide el progreso social y económico.
