SANTO DOMINGO.– La Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) condenó de manera conjunta y solidaria al Instituto Postal Dominicano (Inposdom) y a su director general, Erick Alberto Guzmán Núñez, al pago de RD$1.5 millones a favor de la servidora pública de carrera Beata María Pérez Miliano.
La decisión está contenida en la Sentencia núm. 0030-02-2026-SSEN-00667, dictada el 1 de octubre de 2026, y responde al incumplimiento de una decisión judicial anterior que ordenaba reincorporar a Pérez Miliano a su puesto de trabajo.
Además de la indemnización por daños y perjuicios, el tribunal estableció una astreinte de RD$5,000 por cada día de retraso en la reincorporación de la empleada.
La penalidad comenzará a computarse una vez transcurran 30 días desde la notificación de la sentencia si para entonces no se ha cumplido con la orden judicial.
Una sentencia pendiente desde 2023
El conflicto se remonta a la Sentencia núm. 0030-1642-2023-SSEN-00681, emitida el 15 de noviembre de 2023 por la Cuarta Sala del Tribunal Superior Administrativo.
Esa decisión ordenó la reincorporación de Beata María Pérez Miliano a su puesto, manteniendo las condiciones correspondientes a su condición de servidora pública de carrera, además del pago de salarios y beneficios dejados de percibir.
El expediente judicial indica que Pérez Miliano había sido desvinculada del Inposdom en mayo de 2023 bajo el argumento de abandono de cargo.
El tribunal determinó posteriormente que correspondía su restitución.
Inposdom recurrió la decisión ante la Suprema Corte de Justicia, pero la Tercera Sala rechazó el recurso de casación mediante la Sentencia SCJ-TS-25-1544, del 30 de mayo de 2025, con lo que la decisión adquirió carácter definitivo, según consta en el fallo posterior del TSA.
Tribunal impone consecuencias por incumplimiento
La nueva demanda fue interpuesta ante la falta de ejecución de la sentencia que ordenaba el reintegro.
La representación legal de Pérez Miliano, encabezada por el Centro Jurídico e Inversiones Batía Ramos, fundamentó la acción en las disposiciones constitucionales relacionadas con la responsabilidad patrimonial de las entidades públicas y sus funcionarios.
Los abogados de la demandante sostienen que el caso refleja un problema más amplio de incumplimiento de decisiones judiciales dentro de la administración pública.
La cifra de más de 700 sentencias pendientes de ejecución mencionada por la representación legal corresponde a una estimación del bufete y no a un registro oficial presentado por el tribunal.
Con la nueva decisión, Inposdom y su director quedan obligados no solo al pago de la indemnización, sino también a cumplir con la reincorporación ordenada previamente, bajo la amenaza de una penalidad diaria mientras persista el retraso.




